La guerra civil en El Salvador

 

Ignacio Martín-Baró

[Valladolid, España, 7 de noviembre 1942 – San Salvador, El Salvador,16 de noviembre 1989]

 

1) Antecedentes inmediatos del conflicto.

El 10 de enero de 1981, a las cinco de la tarde, fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador (FMLN) atacaban simultáneamente diversas guarniciones y poblaciones del país. comenzando así una ofensiva armada en gran escala. Ya no se trataba de una simple acción guerrillera de hostigamiento o sabotaje; era el comienzo formal de una guerra civil que el país había arrastrado larvadamente a lo largo de 1980 y cuya inevitabilidad. predicha por muchos, parecía confirmar un determinismo histórico fatal y casi mecánico.

     Sin embargo, la historia no es una cadena inevitable de acontecimientos ligados mecánicamente el uno al otro. Si el ataque concertado del FMLN sorprendió a la Fuerza Armada e incluso a los Estados Unidos, ello no pudo deberse a su carácter imprevisible, que no lo tuvo, cuanto a su naturaleza y envergadura, así como a las circunstancias que lo precipitaron. El ataque formal del FMLN denotaba un alto grado de madurez interna logrado por la alianza de las organizaciones político-militares que lo forman; pero el momento en que se produjo era la consecuencia tanto del gravísimo deterioro en las condiciones de vida del pueblo salvadoreño, ya en sí deplorables, como de una serie de acontecimientos que habían debilitado profundamente a la Junta de Gobierno, sobre todo respecto al cordón umbilical político, militar y económico que le vincula a los Estados Unidos.

     No es del caso insistir aquí en las causas estructurales de injusticia y opresión que son la raíz última del conflicto civil salvadoreño, ni en los acontecimientos de los últimos años que han abocado a la guerra formal (ver, por ejemplo, ‘Al borde’, 1979; Guidos Béjar, 1979; ‘Informe’, 1979; Samayoa y Galván, 1979). Sin embargo, es importante examinar algunos de los antecedentes inmediatos que precipitaron el desencadenamiento formal del conflicto. Estos antecedentes pueden sintetizarse en dos puntos, estrechamente vinculados entre sí: el cierre total del espacio político en El Salvador y la profunda crisis interna que afecta al gobierno de la Junta militar demócrata-cristiana.

     A lo largo de 1980, la Junta de Gobierno ha ido cerrando aceleradamente el espacio para la acción política de oposición con medidas de hecho primero, medidas legales después, un trasfondo continuo y creciente de represión generalizada, y una sistemática campaña paraoficial de persecución y terror contra los sectores democráticos políticamente más significativos. Las medidas de hecho abarcan desde los ataques mortales contra las manifestaciones públicas de oposición (por ejemplo, las manifestaciones del 22 de enero o del 30 de marzo, durante el funeral de monseñor Romero) hasta el cerco informativo por los medios de comunicación, eliminando uno tras otro aquellos órganos que se permiten transmitir informaciones u opiniones independientes y críticas (por ejemplo, la emisora católica YSAX, el periódico La Crónica y el periódico El Independiente, todos repetidas veces atacados con bombas), y utilizando cada vez con más frecuencia el recurso al encadenamiento total del sistema radial y televisivo del país, a fin de imponer una voz monocorde a la población (desde el 6 de marzo de 1980 hasta el momento de escribir estas líneas todas las emisoras del país se encuentran encadenadas a la Radio Nacional de El Salvador un mínimo de seis horas diarias).

     Al finalizar 1980, de hecho, no queda resquicio alguno para la disensión política abierta en El Salvador. El estado de sitio, implantado desde marzo de 1980, impide cualquier tipo de reunión política que no sea del agrado del poder establecido; el cerco informativo impide la emisión de críticas u opiniones; la represión generalizada mantiene un estado de terror en toda la población, mientras la represión selectiva intenta destruir sistemáticamente todo sindicato, gremio o agrupación que pueda tener alguna incidencia política en el país; finalmente, la persecución a los sectores democráticos hace que hasta los voceros y líderes de los grupos más moderados tengan que pasar poco menos que a la clandestinidad o huir al extranjero para poner a salvo sus vidas.

     Una serie de decretos sella y consagra legalmente el cierre del espacio político impuesto de hecho en El Salvador. El primero en esta serie es el decreto 155, que establece el estado de sitio en todo el país, y que es renovado cada mes de 1980 y los que, al escribir estas líneas, llevamos de 1981. En junio, el decreto 264 y el decreto 265 modifican los Códigos Penal y Procesal Penal en lo concerniente al «terrorismo»; se amplía la gama de actos considerados legalmente como «terroristas», incluyendo acciones pacíficas como la ocupación de templos u otros edificios. En junio también se aprueba el decreto 296, que prohíbe todo paro o huelga a los empleados públicos, e impone drásticas sanciones a quienes participen en ese tipo de acciones. El decreto 296 supone, en la práctica, quitar al empleado público el derecho a organizarse. En forma similar, el decreto 544, emitido en diciembre bajo la apariencia de una disposición puramente económica, convierte de hecho en ilegal toda actividad sindical que pretenda reivindicaciones salariales u otras, al establecer en su artículo II la congelación de sueldos y prestaciones sociales, y prohibir todo tipo de negociación colectiva. El 21 de agosto, se aprueba el decreto 43, por el que se establece el estado de emergencia en el país. Este decreto determina la militarización de las grandes instituciones de servicio público (ANDA, ANTEL, CEL y CEPA) así como la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas de todos los trabajadores y empleados de esas instituciones. Finalmente, el decreto 507, calcado sobre leyes similares de los regímenes dictatoriales suramericanos, y concretamente de la legislación argentina, deja mano libre a los cuerpos de seguridad para proceder a su arbitrio en la lucha contra «la subversión al orden público», sin que al ciudadano normal le quede defensa alguna posible. El decreto 507 constituye de hecho un monumento a la arbitrariedad penal y un estímulo formal a las más graves violaciones de los derechos humanos. El decreto 507 supera y corrige a la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público que ganó al gobierno del general Romero tres condenas internacionales y que constituyó una de las razones fundamentales para justificar la insurrección militar del I5 de octubre de 1979.

     El cierre total del espacio político en El Salvador tiene su mejor expresión en la operaci6n de captura, tortura y asesinato de seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario (FDR), entre ellos su presidente, Enrique Álvarez Córdova, el 27 de noviembre. Resulta secundario el que esta operación represiva fuera directamente ordenada o no por las propias autoridades en el poder, aun cuando las circunstancias y la forma como se desarrolló hacen casi imposible que se realizara sin una clara connivencia y protección de instancias oficiales. El hecho significativo es el cierre del espacio político en El Salvador. Al FDR, principal fuerza aglutinadora de los sectores opositores en el país, tanto democráticos como revolucionarios, no se le deja margen alguno para otra actividad que no sea el quehacer clandestino dirigido a la insurrecci6n política y a la confrontación armada.

     El segundo tipo de antecedentes a la guerra civil formal lo constituye una nueva y gravísima crisis de la Junta de Gobierno salvadoreña. La crisis viene en parte arrastrándose desde comienzos de septiembre, cuando el coronel Majano, uno de los cinco miembros de la Junta, se opone abiertamente a la orden militar del mes, que desplaza y margina del poder a sus partidarios, lo que significa desplazar a los verdaderos gestores y promotores del movimiento del I5 de octubre. La derrota del coronel Majano en este forcejeo interno por el poder más la elección de Reagan a la presidencia de los Estados Unidos y las declaraciones de sus asesores acerca de El Salvador envalentonan a los sectores más derechistas, dentro y fuera del aparato estatal, y aunque fracasan en un salvaje atentado contra el propio coronel Majano (parte, al parecer, de un frustrado golpe de Estado ultraderechista), logran una fuerte desestabilización del ya tambaleante gobierno salvadoreño. De hecho, la maquinaria represiva se sale de control y, en ese contexto, se produce la captura y asesinato de los seis líderes del FDR, así como el secuestro, violación y asesinato de cuatro misioneras católicas norteamericanas, según todos los indicios, a manos de miembros de un cuerpo de seguridad.

     La indignación pública es tal, que el gobierno de Carter se ve obligado a anunciar la suspensión temporal de la ayuda económica y militar a El Salvador, mientras no se deduzcan responsabilidades en el asesinato de las norteamericanas. Tras la llegada a El Salvador de una comisión investigadora norteamericana, se restablece la ayuda econ6mica, mientras el restablecimiento de la ayuda militar queda pendiente del avance de las investigaciones sobre el horroroso crimen. De hecho, la ayuda militar de los Estados Unidos no deja de llegar en ningún momento a El Salvador, con la disculpa de que se trata de envíos correspondientes a periodos anteriores. Sin embargo, el simple anuncio oficial de una suspensión de la ayuda tiene un poderoso impacto internacional: la naturaleza antipopular y represiva de la Junta aparece en toda su desnudez, sin que ni siquiera su principal padrino, los Estados Unidos, pueda dar la cara por ella. La unánime condena internacional no solo deja más aislada que nunca a la Junta, sino que fortalece y avala la razón ética y política del movimiento revolucionario salvadoreño.

     Si el cierre del espacio político fuerza a los grupos políticos y militares de la oposición hacia el enfrentamiento armado, la crisis del Gobierno abre un margen de solidaridad internacional con respecto a la insurrección. Nacional e internacionalmente están dadas las condiciones óptimas para una ofensiva insurgente, y solo ciertas deficiencias en el interior del movimiento revolucionario, sobre todo en el orden de la coordinación entre los diversos grupos y en el aprovisionamiento logístico de sus unidades militares, hacen que el inicio de la ofensiva general no se materialice sino hasta mediados de enero.

 

2) El estallido formal de la guerra.

Desde mediados de diciembre de 1980, el FMLN empieza a anunciar una ofensiva general. La población salvadoreña es invitada a incorporarse a los Comités de Defensa Popular, y se le indica que debe prepararse y almacenar provisiones para los días venideros. Se anuncia también la próxima salida al aire de Radio Liberación, voz oficial del FMLN, cuya misión será «orientar al pueblo en las batallas decisivas que se avecinan». El ambiente de inquietud y de víspera es tal, que el mismo ingeniero Duarte se presenta por televisi6n para pedir a la ciudadanía que ignore los llamados a la insurrecci6n y no preste atención a los rumores sobre una próxima ofensiva. Según Duarte, estas no serían más que tácticas psicológicas de desesperación para sembrar la intranquilidad en el pueblo salvadoreño al sentirse los guerrilleros derrotados y sin apoyo popular.

     En los primeros días de enero, la Fuerza Armada realizó amplios operativos militares, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, e intensificó su patrullaje por todo el país. Así, por ejemplo, el 4 de enero realizó un gran operativo en la zona del volcán de San Salvador, donde supuestamente desmanteló un campamento guerrillero y produjo numerosas bajas a los rebeldes. Los días 6 y 7 de enero, cientos de efectivos militares, apoyados desde el aire, realizaron un gran operativo en el cerro Guazapa, uno de los bastiones guerrilleros, e informaron a la población a través de un gran despliegue publicitario que habían limpiado el lugar de «subversivos». Así mismo, los días 8 y 9 se realizaron fuertes operativos en Usulután, en La Unión, en San Vicente y en Sonsonate. Todos estos operativos militares a comienzos de enero no son, pues, casuales; denotan un reconocimiento por parte de la Fuerza Armada sobre las fuerzas insurgentes, cuyos campamentos pretenden desmantelar, cuyas concentraciones de tropa pretenden impedir u hostigar, y cuyo encuadramiento y avituallamiento pretenden bloquear o al menos entorpecer.

Cuadro 1

Total de acciones del FMLN por departamento

(enero y febrero de 1981)

                                                       

Fuente: CUDI, Balance estadístico, enero de 1981, No. 1. Centro Universitario de Documentación e Información, San Salvador y CUDI, Balance estadístico, febrero de 1981, No. 2. Centro Universitario de Documentación e Información, San Salvador.

 En este contexto de intenso accionar y vigilancia militar de la Fuerza Armada, el ataque simultáneo que fuerzas del FMLN llevaron a cabo en múltiples sitios del país a partir del 10 de enero adquirió una mayor significación y, ciertamente, produjo un gran impacto psicológico en la población. Los mismos mandos de la Fuerza Armada, víctimas quizá de su propio discurso propagandístico, se sintieron sorprendidos por la envergadura y amplitud del ataque insurgente. El inicio de la ofensiva del FMLN llevó incluso a ciertos sectores a alimentar durante unos días la expectativa de un inmediato triunfo popular, con el consiguiente desengaño al ver que no se materializaban sus deseos.

     El grueso de la ofensiva del FMLN tiene lugar entre el 10 y el 25 de enero. Durante esas dos semanas, se registra un notorio incremento en el accionar militar insurgente a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Según datos del CUDI (ver cuadros 1 y 2), entre el 10 y el 31 de enero el FMLN habría realizado por lo menos 606 acciones, 516 de ellas estrictamente militares, frente a 114 acciones, 87 de ellas militares, realizadas del 1 al 9 del mismo mes, lo que representa un incremento proporcional del 148%.

     Entre otras muchas acciones militares de envergadura realizadas por el FMLN, dos de ellas tuvieron particular resonancia: la sublevación e incorporación a las filas revolucionarias de dos oficiales y un número considerable de tropa en Santa Ana, y el prolongado ataque realizado por los insurgentes contra las instalaciones militares en Zacatecoluca, departamento de La Paz.

Cuadro 2

Acciones militares del FMLN

(enero y febrero de 1981)

Fuente: CUDI, Balance estadístico, enero de 1981, No. 1. Centro Universitario de Documentación e Información, San Salvador y CUDI, Balance estadístico, febrero de 1981, No. 2. Centro Universitario de Documentación e Información, San Salvador.

 En Santa Ana, coincidiendo con la hora del ataque generalizado del FMLN, el capitán Francisco Mena Sandoval junto con otro oficial y la tropa a su mando se alzaron en rebeldía en el interior del cuartel de la Segunda Brigada de Infantería. El capitán Mena Sandoval había sido uno de los principales protagonistas del movimiento de la juventud militar del 15 de octubre de 1979, y en varias oportunidades había mostrado su descontento por la desnaturalización del proceso realizada por los sectores más derechistas de la Fuerza Armada. Posteriormente haría acusaciones especificas a través de Radio Venceremos contra los coroneles Abdul Gutiérrez y José Guillermo García de haber traicionado y aniquilado el movimiento del 15 de octubre. Tras una serie de escaramuzas en el interior del cuartel de Santa Ana, que terminó con el incendio de buena parte de sus instalaciones y el «ajusticiamiento» de su comandante, el teniente coronel Baltasar Alonso Valdés, hasta ahora el oficial de más alta graduación cuya muerte se haya reconocido públicamente, el capitán Mena Sandoval y su tropa se incorporaron a las fuerzas insurgentes. Mientras esto sucedía, otros grupos del FMLN atacaban en la misma Santa Ana los cuarteles de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional, de la Policía de Hacienda y la sede de la Policía de Aduana. De hecho, Santa Ana se encontró en virtual poder de los insurgentes los días 10 y 11 de enero.

     La Fuerza Armada trató de justificar la potencia insurgente desplegada en Santa Ana apelando a la «traición» del capitán Mena Sandoval. Sin embargo, no había ningún otro «traidor» en Zacatecoluca al que atribuir la culpa y justificar así el poderío demostrado también en esa ciudad por el FMLN. Las fuerzas insurgentes asumieron el control práctico de Zacatecoluca durante el 10 y el 11 de enero, sometieron a los resguardos militares a un fortísimo asedio, y prolongaron durante varios días su despliegue de fuerza controlando las vías de acceso a la ciudad. Según un comunicado del FMLN (CUDI, 1981a, p. 71), sus fuerzas tendieron el12 de enero una emboscada a un convoy militar en los alrededores de Zacatecoluca, causándole 62 bajas y destruyendo dos tanquetas. Independientemente de la exactitud de este último dato, es innegable que las acciones del FMLN en Zacatecoluca demostraron una gran capacidad militar. tanto más llamativa cuanto que las batallas se daban contra los propios bastiones de la Fuerza Armada.

FIGURA No. 1

MAPA DE LAS PRINCIPALES ACCIONES DEL

FMLN DURANTE LA OFENSIVA DE ENERO DE 1981

 

Listado de acciones militares

1. Bola de Monte: combate militar (10 de enero); 2. Atiquizaya: ataque a puesto militar (10 de enero); 3. Ahuachapán: combate militar (10 de enero); 4. Sonsonate: ataque a puesto militar (10 de enero); 5. San Julián: combate militar (10 de enero); 6. Chalchuapa: tomada (10, 11 y 12 de enero); 7. Santa Ana: tomada (10 y 11 de enero), sabotaje a la Segunda Brigada de Infantería; 8. Metapán: tomada (10, 11 y 12 de enero); 9. Ciudad Arce: tomada (12 de enero); 10. Quezaltepeque: combate militar (10 de enero); 11. San Salvador: Combate militar (10 de enero); 12. San Francisco Morazán: combate militar (10 de enero); 13. El Paraíso: sitio al cuartel, sede de la Cuarta Brigada de Infantería (10, 11 y 12 de enero); 14. Chalateango: tomada y sitio al cuartel (10, 11 y 12 de enero); 15. Las Vueltas: combate militar (10 de enero); 16. Arcatao: combate militar (10 de enero); 17. San Salvador: ataque a la Fuerza Aérea Salvadoreña (10 de enero); 18. Zona del cerro de Guazapa: combate militar (10 de enero); 19. Suchitoto: tomada (11 y 12 de enero); 20. Tejutepeque: ataque a puesto militar (10 de enero); 21. Cojutepeque: tomada (10 y 11 de enero); 22. Villa Victoria: combate militar (10 de enero); 23. Sensuntepeque: ataque a puesto militar (10 de enero); 24. San Esteban Catarina: tomada (11 de enero); 25. San Vicente: combate militar (11 de enero); 26. Tecoluca: ataques continuos; combates militares (10 al 14 de enero); 27. San Nicolás Lempa: Combate militar (10 de enero); 28. San Marcos Lempa: combate militar (10 y 11 de enero); 29. Carretera Litoral: combate militar (10 y 11 de enero); 30. Chinameca: tomada (10 de enero); 31. Chirilagua: combate militar (10 de enero); 32. El Rosario: tomada (12 de enero); 33. Perquín: tomada, asalto a la guarnición (11 de enero); 34. Joateca: combate militar (11 de enero); 35. Osicala: combate militar (11 de enero); 36. Jocoro: tomada (12 de enero); 37. San Francisco Gotera: tomada, sitio al cuartel de comandos anti-guerrilla (13, 14 y 15 de enero); 38. Santa Rosa de Lima: Tomada (12 de enero); 39. La Unión: Combate militar (10 de enero).

     Los cuadros I y 2 muestran que la ofensiva general del FMLN se materializó en una multiplicidad de acciones militares a lo largo y ancho de la república, principalmente en tomas de poblaciones y ciudades, ataques y asedios a puestos militares, y combates estrictamente militares. La figura 1 indica las zonas de más intenso accionar militar, que constituyen de hecho el equivalente focal a una retaguardia estratégica de las fuerzas insurgentes. Estas zonas son principalmente cuatro: el este de Chalatenango, el norte de Cuscatlán, el centro y norte de Morazán, y el centro de San Vicente.

     A pesar de ser el departamento en el que se producen más acciones del FMLN en absoluto, el incremento relativo de acciones en San Salvador desde el 10 de enero es mínimo. Las acciones más importantes en San Salvador lo constituyeron el fuerte ataque a las instalaciones de la Fuerza Aérea en Ilopango, y las tomas de las poblaciones metropolitanas de Cuscatancingo, Mejicanos y Soyapango. Fuerzas del FMLN hostigaron también el 10 de enero a los cuarteles de la Guardia Nacional, de la Policía de Hacienda y la Primera Brigada de Infantería (Cuartel San Carlos). Con todo, las acciones en San Salvador fueron en conjunto de pequeña envergadura, y la ciudad capital no sintió claramente los efectos de la ofensiva insurgente. Ciertamente, este fue uno de los errores más serios cometidos por el FMLN: al dejar la zona metropolitana en manos de las fuerzas gubernamentales, no solo se dejaba intacto el corazón político y militar del régimen, sino que se abandonaba la principal caja de resonancia de lo que ocurre en el país, sobre todo de cara a la opinión internacional. La Junta de Gobierno pudo utilizar su innegable control de la ciudad capital para airear propagandísticamente la supuesta derrota del FMLN, para endurecer el cerco informativo sobre lo que ocurría en el interior de la república, y para abortar con mano férrea cualquier conato de acción política.

     De acuerdo con los datos del cuadro 1, en el departamento de Chalatenango se produce un descenso relativo en el número de acciones del FMLN desde el 10 de enero, aunque se mantiene un alto nivel absoluto de actividad militar. La razón parece ser doble. Por un lado, Chalatenango constituía una de las zonas donde la guerra civil había entrado ya desde antes en una fase de confrontación formal, hasta el punto de que algunas partes de ese departamento se consideraban como zonas liberadas, donde la vida civil estaba dirigida y organizada por miembros de las Fuerzas Populares de Liberación ‘Farabundo Martí’ (FPL). Por otro lado, desde el 10 de enero se produce un incremento cualitativo en la importancia y magnitud de las acciones militares del FMLN en todo el departamento, como es la toma de la misma cabecera departamental los días 10, 11 Y 12 de enero, el asedio a su cuartel y resguardos militares, y la toma el 12 de enero de las poblaciones de Concepción Quezaltepeque y Agua Caliente. Más aún, Chalatenango es uno de los sitios en los que el accionar insurgente se ha mantenido ininterrumpidamente y donde con más fuerza se ha ido afianzando el FMLN.

     Probablemente, el incremento más espectacular de acciones militares tiene lugar en el departamento de Morazán, donde el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) controla amplios sectores y donde la vida de no pocos poblados se encuentra ya orientada por nuevas normas sociales de convivencia. Aunque las fuerzas del FMLN no inician allí sus acciones sino hasta el día 1I de enero, el primer día se toman la población de Perquín, el 12 ocupan Corinto y El Rosario, y el 13, 14 Y 15 logran un virtual dominio sobre la capital departamental, San Francisco Gotera, y mantienen un fuerte asedio al Cuartel de Comandos (unidad especializada en contrainsurgencia), al de la Guardia Nacional y al de la Policía Nacional.

     Dos días después de que el FMLN diera comienzo a su ofensiva general, el FDR hace un llamamiento a la huelga general. El llamamiento no es suficientemente publicitado, fuera de que se producen confusiones acerca de la fecha en que supuestamente debe iniciarse la huelga. Con todo, un número no menor de 40 importantes centros de producción o servicios se adhieren inicialmente al llamamiento del FDR. Sin embargo, las medidas tomadas por la Junta para evitar que la huelga llegue a cuajar son verdaderamente drásticas y, ante la falta del apoyo logístico de orden militar que muchos partidarios del FDR pensaban que recibirían en la propia capital de San Salvador, el conato de huelga general se diluye. El fracaso de la huelga fortalece la posición política de la Junta, que proclama triunfalmente que el pueblo ya no apoya a los insurgentes.

     Resulta difícil afirmar si el fracaso de la huelga general fue debido, efectivamente, a la falta de apoyo militar por parte del FMLN, a la vigorosa e inmediata respuesta por parte de la Junta y de la Fuerza Armada, que habían asimilado la derrota sufrida en el paro de junio de 1980 y hablan adquirido experiencia con el semiparo de agosto, o más bien se debió a fallos profundos en los propios organizadores, que confiaron excesivamente en la materialización espontánea de los anhelos de la población y no trabajaron suficientemente los mecanismos de coordinación y movilización adecuados. En todo caso, el fracaso visible de la huelga general, unido a una información triunfalista y poco objetiva por parte de algunas emisoras favorables al movimiento insurgente (por ejemplo, Radio Sandino), hace que empiecen a aparecer brotes de una crisis de confianza en la dirección revolucionaria, crisis en la que confluyen tanto los efectos objetivos de la acción represiva como la frustración subjetiva ante el aplazamiento de la anhelada liberación popular. Hay que señalar, sin embargo, que esta crisis de confianza se manifiesta más en los sectores urbanos, sobre todo en el área metropolitana de San Salvador, que en el interior del país.

     Ante el ataque del FMLN, la Junta y la Fuerza Armada responden con tres tipos de medidas: acciones estrictamente militares, acciones de control sobre la población civil y acciones represivas.

     En lo estrictamente militar, los días siguientes al 10 de enero la Fuerza Armada tiene que asumir una posición netamente defensiva y concentrar sus esfuerzos en la defensa de los cuarteles y emplazamientos militares más importantes bajo asedio del FMLN. Ese es el caso de los cuarteles de Santa Ana, de Zacatecoluca, de Chalatenango o de San Francisco Gotera. Aparentemente, la Fuerza Armada o no esperaba el ataque en el momento en que sucedió o había calibrado mal la potencia militar del FMLN. En todo caso, la respuesta de las fuerzas gubernamentales tiene que utilizar todos los recursos para mantener sus posiciones, evitar derrotas estruendosas o ganar ventajas insignificantes. La acción militar de la Fuerza Armada no solo supone la utilización masiva e intensiva del parque disponible (verdaderos mantos de balas), sino que empieza a hacer un uso continuo, y frecuentemente indiscriminado, de armas pesadas y de la aviación. La presencia de la población civil parece no ser un obstáculo importante para la utilización en gran escala de artillería pesada o para realizar intensos bombardeos aéreos, sobre todo porque se sabe que los combatientes insurgentes viven a menudo mezclados con el mismo pueblo (ver CUDI, 1981a, p. 20). En los primeros días de la ofensiva, fueron particularmente crueles para la población civil los bombardeos a Zacatecoluca, en los alrededores de Santa Rosa de Lima (departamento de La Unión), en ciertas zonas de Chalatenango, y en las faldas del volcán de San Vicente, donde incluso se lanzaron bombas de fósforo blanco. Durante el mes de enero, la Fuerza Armada realizó por lo menos ocho operaciones de bombardeos de artillería y bombardeos aéreos a poblados rurales y ciudades civiles, solo eventualmente ocupadas por el FMLN, más otras 27 operaciones de bombardeo a posiciones del FMLN, es decir, a poblados y. cantones en poder estable del FMLN (CUDI, 198Ia).

     El segundo tipo de medidas adoptadas por la Junta de Gobierno ante la ofensiva consiste en incrementar hasta límites casi intolerables el control ejercido sobre la población civil. Como primera medida, se implanta la cadena nacional de radio, a través de la cual se somete a la población a un continuo bombardeo propagandístico, frecuentemente basado en una información totalmente distorsionada. Las continuas aseveraciones de normalidad, calma y control de la situación contrastan con la vivencia continua y ubicua de los enfrentamientos. Las radioemisoras del país permanecen encadenadas a Radio Nacional desde el 10 de enero por la noche hasta el 17, con instrucciones estrictas de seguir emitiendo su señal aun después de finalizada la emisión, para impedir que se escucharan radioemisoras de países vecinos, especialmente Radio Sandino. La cadena se estabilizará desde el 17 de enero, prohibiéndose a las emisoras transmitir información alguna y obligándolas a conectar con los informativos y partes nacionales un mínimo de tres veces al día.

     Al día siguiente del inicio de la ofensiva, el 11 de enero, se implanta en todo el territorio nacional el toque de queda o ley marcial desde las siete de la tarde hasta las cinco de la madrugada. Durante esas horas a nadie le es permitido circular y, a juzgar por el número de muertos, los encargados de la vigilancia nocturna cumplen estrictamente las órdenes de disparar a todo lo que se mueva. Así, entre el 11 y el 31 de enero fueron asesinados durante el toque de queda por lo menos 178 personas, muchas de ellas mendigos o ebrios consuetudinarios (Socorro, 1981a). Los medios de comunicación informaron sobre el asesinato de algunas personas en circunstancias tales que llevaban a preguntarse si el toque de queda era una medida militar o un simple expediente para la cacería indiscriminada de la población civil.

     Finalmente, la Junta de Gobierno intensificó las medidas de orden represivo, que afectan muy particularmente a instituciones, organizaciones y personas del sector democrático. Se intensifican los cateos urbanos, aumenta el número de personas detenidas y, al amparo del decreto 107 que otorga poderes incontrolados a las fuerzas de seguridad, aumenta el número de secuestrados y desaparecidos cotidianos sobre los que se extiende un ominoso silencio oficial. Una de esas instituciones más afectadas por esta nueva oleada represiva es la Iglesia católica, por lo menos aquellos sectores de la Iglesia que permanecen fieles a la orientación pastoral desarrollada por monseñor Romero. El 11 de enero se produce la ocupación militar de la parroquia y refugio de Soyapango y se realiza un fuerte cateo en el refugio de Domus Mariae, perteneciente al Arzobispado de San Salvador; el 12 se cerca y se ocupa la UCA por varios días; el 13 se militariza la iglesia parroquial de Plan del Pino, Soyapango, se catea el refugio San Roque, en San Salvador, y se catea y ocupa militarmente el local de la Casa de Iniciación Sacerdotal en Santa Ana; el 17 se catean las residencias de los padres jesuitas y se catea y saquea el convento de Chalatenango (CUDl, 198Ia). Todas estas acciones parecían encaminadas a neutralizar el apoyo moral y cristiano que un sector de la Iglesia católica proporcionaba a la causa del pueblo salvadoreño, así como a forzar a monseñor Rivera, administrador apostólico de San Salvador, a que desautorizara a este sector y diera crecientemente su apoyo a la Junta.

     Una forma de represión particularmente eficaz contra los intentos de huelga general fue la militarización, temporal o estable, formal o de hecho, de las fábricas y centros de servicio. Particularmente significativos fueron los cateos y militarización del Centro Judicial ‘Isidro Menéndez’, del Ministerio de Educación, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, así como de varias instituciones bancarias (CUDl, 198Ia). De manera semejante, unidades militares se hicieron presentes desde temprano el primer día del llamamiento a huelga general en la central de las principales asociaciones de transporte, y obligaron a los conductores a sacar sus unidades bajo amenaza de militarización y de represalias personales. A pesar del fracaso de la huelga general y de que muchos de los ataques militares del FMLN no hablan tenido el éxito que una mala propaganda parecía indicar, poco a poco se iba haciendo patente que la Junta y la Fuerza Armada se encontraban en un verdadero callejón sin salida, y que ni internamente tenían poder para obtener una victoria militar, aun cuando tampoco fueran derrotados, ni internacionalmente podían resistir la condena generalizada. En este contexto, la Junta hace un agónico llamado a los Estados Unidos que, por su propia cuenta, se encontraban ya ansiosos de tomar en sus manos las riendas del proceso.

 

3) La Intervención norteamericana.

Hablar de intervención norteamericana en los asuntos de los países centroamericanos puede resultar una expresión ambigua, ya que la dependencia de estos países respecto a los Estados Unidos en todos los órdenes de la vida social hace inviable cualquier orientación política que no cuente con la aprobación expresa norteamericana o al menos con su connivencia implícita. En el caso de la presente Junta de Gobierno salvadoreña, la dependencia es todavía más patente, ya que los Estados Unidos (y Venezuela a remolque) han sido el único apoyo internacional con que ha podido contar en todo momento y han sido norteamericanos los principales responsables de los proyectos reformistas intentados.

     El simple anuncio de la suspensión temporal de ayuda militar a la Junta había abierto el camino a la expresión de la solidaridad internacional con el FDR, dejando a la Junta salvadoreña más aislada que nunca y sumida en una profunda crisis. Desde el punto de vista norteamericano, es indudable que esa decisión había constituido un serio error político, característico por otro lado de la administración del señor Carter, siempre oscilante entre la pretensiosa dureza de Brzezinski y los escrúpulos de su discurso ideológico sobre los derechos humanos.

     Ante la eventualidad de un colapso, probablemente más político que militar, de la Junta salvadoreña, Estados Unidos decide restablecer su ayuda militar, incrementarla y, en la práctica, asumir por su cuenta la contraofensiva. Estando en peligro los intereses ‘geopolíticos’, poco cuentan los derechos humanos, y menos cuando ya una nueva administración, nada ambigua respecto a su desprecio absoluto para con este tipo de consideraciones, está ya a las puertas. Según versiones no confirmadas, la Fuerza Armada habría estado a punto de quedarse sin parque pocos días después del inicio de la ofensiva general. Parece ser también que muy pronto perdió los helicópteros de que disponía para sus operativos militares. Sea como sea, se logra un rápido acuerdo entre la embajada norteamericana, todavía a cargo del señor Robert White, y de la Junta salvadoreña, según el cual se establece un nuevo programa de ayuda militar, que ya no pretende ampararse bajo la justificación de que se trata de elementos no letales. A fin de encontrar una cobertura frente a la opinión pública, se idea el expediente de la agresión externa. Así, el 14 de enero, el ingeniero Duarte hace una patética aparición por televisión, en la que manifiesta que ha recibido información de que un grupo de mercenarios ha desembarcado en una playa salvadoreña procedente de un cercano país (obviamente, Nicaragua). El embajador norteamericano, por su parte, hace la misma notificación a la prensa, y esta supuesta invasión de mercenarios sirve de marco teatral para el establecimiento inmediato de un fuerte programa de ayuda militar.

     Ni la Junta salvadoreña había hecho nada en la investigación de las misioneras norteamericanas al restablecerse en diciembre la ayuda económica, ni jamás existió el supuesto desembarco de mercenarios en enero, como reconocería en una forma velada el señor White, una vez desplazado de su puesto en El Salvador. Ciertamente, la opinión internacional no pareció en absoluto convencida de ambas alegaciones. Pero de algo si tuvo que convencerse: Estados Unidos tomaba el proceso en sus manos y el FMLN tendría que entenderse desde entonces directamente con el mismo poder norteamericano. La «vietnamización» del conflicto empezaba rápidamente a materializarse.

     La nueva administración norteamericana, entronada el 20 de enero, había ya dado claras muestras de cuál era su voluntad respecto a El Salvador. Su abierta connivencia con los sectores oligárquicos salvadoreños refugiados en Miami, su patológica obsesión anticomunista y su militarismo a ultranza llevaban a la obvia consecuencia de que, en cuanto estuviera en su poder, las fuerzas populares, aglutinadas en el FMLN y el FDR, no ligarían al gobierno en El Salvador. El general Haig, nuevo Secretario de Estado, no tardó en declararlo rotundamente: «No permitiremos un gobierno comunista en El Salvador».

     Para la administración del señor Reagan se trataba de mucho más que de una simple reafirmación retórica de principios; se trataba de la definición de una política concreta y, prácticamente, de una declaración de guerra. El Salvador como tal poco importaba. Difícilmente podían conocer el señor Reagan y el general Haig los problemas de fondo que se debatían en El Salvador a juzgar por las fuentes informativas utilizadas y los consejeros de que se hacían rodear. Según sus propias declaraciones, tanto Reagan como Haig veían en El Salvador un simple caso de confrontación entre el Este y el Oeste, entre el capitalismo cristiano y el comunismo ateo, entre la democracia norteamericana y el totalitarismo ruso. El Salvador, para ellos, era un ejemplo de la agresiva política expansionista de la Unión Soviética a la que los Estados Unidos debía poner inmediato fin.

     La ‘contraofensiva general’ norteamericana se planteó principalmente en tres frentes: militar, propagandístico y diplomático. Militarmente, la administración Reagan estableció inmediatamente varios programas millonarios de ayuda militar, al mismo tiempo que anunció que el programa incluía el envío de asesores militares que entrenaran a las fuerzas salvadoreñas en labores de contrainsurgencia y en el uso del avanzado armamento enviado. Entre los asesores que Estados Unidos reconocerá públicamente haber enviado luego a El Salvador hay por lo menos doce «boinas verdes», especialistas en técnicas de contrainsurgencia desarrolladas durante la guerra de Vietnam. El total reconocido de asesores se elevará hasta cerca de sesenta, pero si se incluyen varias decenas de asesores norteamericanos llegados al país en calidad de expertos civiles en cuestiones militares, el número real de norteamericanos asesorando a la Fuerza Armada salvadoreña puede calcularse en un número no menor a los 150. De hecho, la Junta salvadoreña convirtió las instalaciones de la Ciudad Normal ‘Alberto Masferrer’, escuela nacional de profesorado, en un cuartel en donde muy principalmente trabajaban los asesores norteamericanos encargados de los planes y entrenamiento de contrainsurgencia.

     El esquema propagandístico lanzado por la administración Reagan sobre El Salvador era no solamente burdo, sino que sonaba ya a historia vivida en varias oportunidades en la misma Centroamérica (Nicaragua, Guatemala, República Dominicana…). Más aún, cuando se comparaban los elementos del esquema propagandístico con las acciones concretas emprendidas por los Estados Unidos y la situación real de El Salvador, era inevitable el recuerdo de lo sucedido en Vietnam. La ‘prepotencia machista’ mostrada por la administración Reagan respecto a El Salvador (como acertadamente observó el congresista norteamericano Howard Long), su declarado deseo de reactivar supuestas glorias del pasado, más la afirmación de que «en Vietnam no hablan sido derrotados, sino que no se les habla permitido ganar», hacían temer que efectivamente la nueva administración norteamericana tomara a El Salvador como una oportunidad para resarcirse de la derrota sufrida en Vietnam.

     En el terreno diplomático, donde ya con anterioridad Estados Unidos habla manejado los asuntos de la Junta, la administración Reagan lanza una poderosa ofensiva, enviando delegaciones del más alto nivel por el mundo entero. La historia ofrecida en todas partes es la misma que la utilizada en la propaganda, aunque para la labor diplomática se utiliza un «libro blanco», en el que se reúnen supuestas pruebas de que Rusia y sus aliados (Vietnam, Etiopía, Cuba) han estado proporcionando armamento a los insurgentes salvadoreños, introduciéndolos al país a través de Nicaragua.

     Ni a nivel propagandístico ni a nivel diplomático la historia norteamericana logra mucha credibilidad y, ciertamente, en modo alguno hace creer a quien tiene un poco de conocimiento sobre la situación de El Salvador que el problema constituye un simple caso de agresión internacional. Sin embargo, hay un mensaje que los gobiernos del mundo entero comprenden muy bien: que la nueva administración norteamericana ha puesto todo su poderío en defensa de la Junta salvadoreña y ha convertido a El Salvador en un caso paradigmático donde quiere mostrar su nueva condición de ‘duro’ político. La consecuencia que muchos de estos países sacan es que por la vía militar el conflicto salvadoreño ha entrado en un peligrosísimo callejón sin salida que implica una catastrófica internacionalización y que, por consiguiente, la mejor opción debe ser política y pasa por el camino de la negociación mediada.

     La ofensiva general norteamericana constituye el marco de referencia para comprender la evolución de la guerra civil salvadoreña una vez terminada la primera fase de la ofensiva general del FMLN. La dirección insurgente realiza una honesta evaluación crítica de los resultados obtenidos con la ofensiva de enero, y poco a poco va cambiando la forma de su accionar militar, que cada vez muestra una mejor conducción y coordinación. De hecho y a pesar de innumerables operativos de aniquilación al estilo vietnamita lanzados por la Fuerza Armada, con armamento y dirección norteamericana, a finales del mes de febrero puede afirmarse que las fuerzas insurgentes del FMLN no solo han logrado afianzarse en varias zonas de la república (principalmente en Morazán, en Chalatenango y en San Vicente, aunque también en partes de Cuscatlán, La Unión, Cabañas y San Miguel), sino que sus ataques resultan cada vez más efectivos, aunque quizá menos llamativos. Por otro lado, varias ciudades del oriente del país, sobre todo San Miguel y en grado menor Usulután y La Unión, empiezan a sufrir periódicamente los efectos del sabotaje sistemático a la energía eléctrica, sabotaje que en ocasiones también afecta a San Salvador. De hecho, la economía del país se sume cada vez más profundamente en una situación catastrófica, y ni la inyección de millonarios créditos norteamericanos, pronto absorbidos por la voracidad de la guerra y de la corrupción administrativa, logra detener la acelerada depauperación del país y el espectro de una hambruna generalizada.

 

4) Una evaluación provisional.

La finalidad de estas páginas no ha consistido tanto en establecer un juicio sobre lo ocurrido en los dos primeros meses de 1981 cuanto el de obtener una perspectiva, por mínima que fuera, sobre los acontecimientos y un primer diagnóstico sobre su significado en la historia inmediata de El Salvador. Faltan demasiados datos sobre los hechos, los procesos fundamentales están todavía abiertos y, sobre todo, se carece de una cierta distancia que permita apreciar con objetividad el todo de lo sucedido. Sin embargo, es importante esforzarse por saber dónde se está, en qué coyuntura se encuentra actualmente El Salvador, si se pretende que acciones ulteriores puedan juntar el realismo a la racionalidad.

     No cabe duda de que las partes enfrentadas en el conflicto, tanto la dirección del movimiento revolucionario como la Junta y la Fuerza Armada, han tenido que realizar sus evaluaciones sobre la marcha de la guerra. Se conoce el análisis y critica del FMLN y del FDR, hechos públicos a través de diversos medios; no así la evaluación de la Junta, aunque algunos indicios pueden percibirse en su labor propagandística, en sus declaraciones públicas y, sobre todo, en su accionar.

     En su evaluación de la primera fase de la ofensiva general, la Dirección Revolucionaria Unificada acepta con gran sentido autocritico los fallos observados y los errores cometidos. Estos fallos y errores se pueden sintetizar en cuatro: las divisiones internas, una deficiente logística, mala propaganda y un marginamiento excesivo del sector democrático.

     Los problemas unitarios en el interior del movimiento revolucionario han sido un continuo lastre para su acción política y militar. Ciertamente, la unidad es un proceso en el que las organizaciones político-militares salvadoreñas han avanzado con gran rapidez en el último año y medio; sin embargo, las fisuras son todavía demasiado grandes y afectan la efectividad de la acción revolucionaria. En concreto, diferencias grupales hicieron fracasar o afectaron seriamente el desarrollo de numerosas acciones militares de muy diversas maneras. La ausencia en el campo de combate de una unidad operativa sólida ha restado eficiencia a la ofensiva general del FMLN, quemando oportunidades óptimas o elevando innecesariamente los costos de los logros obtenidos.

     Más que un error, las deficiencias logísticas en la ofensiva general pueden ser consideradas como fallos involuntarios. El FMLN carecía de una experiencia adecuada de la guerra, y la gran mayoría de sus unidades nunca había entrado en combate formal. Así, apareció la inexperiencia de algunos jefes en la dirección de los combates, o las graves carencias tanto de armamento adecuado para las acciones emprendidas como de imprescindibles medios de comunicación interna. Resulta ingenuo pensar que se puede tomar por asalto un cuartel bien guarnecido solo a base de fusilería, o que se pueden realizar acciones bien coordinadas en toda la república sin un sistema eficiente de comunicación.

     Pero si las deficiencias logísticas fueron fallas involuntarias, las deficiencias en la propaganda constituyeron graves errores, injustificables en un movimiento revolucionario. La información suministrada por Radio Liberación o por otros medios fue, en los primeros momentos de la ofensiva, poco apegada a la realidad e innecesariamente triunfalista. Quienes en San Salvador veían con frustración el fracaso del llamamiento a la huelga general y oían al mismo tiempo que se les hablaba de «la creciente incorporación de las masas a la huelga general», no solo se sentían desconcertados, sino que incoaban una peligrosa crisis de confianza tanto sobre la fuerza del movimiento revolucionario cuanto sobre la honestidad de sus relaciones hacia las masas.

     Este último aspecto estaba vinculado con el último error reconocido por la autocrítica del movimiento revolucionario: se había marginado en exceso la labor política del FDR, así como al movimiento de masas, sin cuyo apoyo estratégico la acción revolucionaria perdía su más importante medio vital.

     Junto a los fallos y errores, los insurgentes han señalado también logros y aciertos en la primera fase de su ofensiva general. El primer logro lo constituyó, sin duda ninguna, el haber sido capaces no solo de tutear a la Fuerza Armada salvadoreña, sino el haber logrado victorias parciales sobre ella y el haber conseguido mantener un intenso accionar militar en toda la república sin sufrir derrota alguna significativa. De hecho, el FMLN señalará que, tras la primera fase de la ofensiva, sus fuerzas estratégicas se encuentran íntegras y que solo en occidente sufrió la pérdida de media compañía de combatientes. El enfrentamiento ha servido para que oficiales y tropa del ejército popular adquieran una experiencia de combate de la que carecían con anterioridad, así como para afianzar la confianza en su propia capacidad.

     Por otro lado, un análisis objetivo de la situación muestra que el FMLN no solo ha afianzado su control sobre ciertas zonas estratégicas, sino que ha extendido estas zonas y ha logrado conquistar posiciones que le permiten un control funcional de otras áreas y poblaciones de la república. Al finalizar la primera fase de la ofensiva podían señalarse sobre el mapa de El Salvador zonas donde la Fuerza Armada solo eventualmente y con un despliegue masivo de fuerzas podía penetrar y sobre las que, en la práctica, no podía conservar control.

     Finalmente, el movimiento revolucionario podía contar entre sus más importantes aciertos el haber sabido propiciar unas relaciones de estrecha cooperación con la población civil en las zonas bajo su control, organizando un nuevo tipo de vida social bajo formas inusitadas hasta entonces de justicia y participación popular. Estas productivas relaciones entre combatientes y población civil han constituido, para propios y extraños, la mejor garantía sobre los objetivos del movimiento revolucionario y, donde se han puesto en práctica, han ganado el apoyo y la voluntad del pueblo.

     No se conoce una evaluación equivalente de la Junta y de la Fuerza Armada sobre la guerra, aunque su propaganda pretende hacer creer que todo ha sido éxitos. Al buscar desesperadamente la ayuda militar norteamericana, han reconocido indirectamente o que no estaban suficientemente preparados para aguantar la arremetida revolucionaria o que esta ofensiva ha estado a punto de derrotarles. Ciertamente, la Fuerza Armada no ha sufrido ninguna derrota llamativa y ha logrado defender con éxito sus principales cuarteles y guarniciones o recuperar importantes poblaciones ocupadas por los insurgentes.  Lamentablemente, estos resultados exitosos los ha logrado en base a un proceder políticamente erróneo y a una implícita derrota moral. El error es haber ignorado en la práctica a la población civil, arrasando indiscriminadamente con ella en su intento por alcanzar a las fuerzas revolucionarias. El uso de intensos bombardeos desde el aire o con fuego de artillería ha resultado mucho más mortífero para la población civil que para las unidades insurgentes, preparadas para evitar ser alcanzadas. Por otro lado, el éxito logrado en la defensa de cuarteles o en la recuperación de ciudades y poblados ha supuesto el reconocimiento implícito por parte de la Fuerza Armada de que los insurgentes constituyen un verdadero ejército, capaz de plantarle cara en su propio terreno.

     Políticamente, resulta un verdadero milagro que la Junta haya sido capaz de mantenerse en el poder dada la grave crisis en que entró en diciembre. Este mantenerse en el poder hay que conceptuarlo como un éxito, al que sin duda ha contribuido la habilidad del ingeniero Duarte para buscar apoyo en cierto sector de la Fuerza Armada. Sin embargo, es claro que en definitiva la Junta ha permanecido en el poder porque así lo ha querido la embajada de los Estados Unidos que ayudó a contener primero una eventual victoria del movimiento revolucionario e hizo abortar después un golpe de Estado ultraderechista, promovido por intereses oligárquicos y ejecutado por los militares más reaccionarios en el interior del aparato estatal. El éxito de la Junta radica, pues, en haber convencido a los Estados Unidos de que este régimen es el que más conviene, por el momento, a los intereses norteamericanos.

     Es difícil saber cómo evalúan la Junta y la Fuerza Armada algunas de las medidas puestas en práctica y que aún mantienen vigentes. Su insistencia en impedir todo tipo de información radial independiente y el recurso casi diario a largas emisiones propagandísticas, tanto por televisión como por radio, parecen indicar que evalúan positivamente los logros alcanzados en el área de la propaganda. En lo que tienen de bloqueo casi total a la información revolucionaria, sin duda las medidas adoptadas han sido exitosas; es un hecho que en el país no se dispone de una informaci6n medianamente aceptable sobre la evolución de los propios acontecimientos internos, y que, en el mejor de los casos, los sectores interesados tienen que conformarse con una lectura entre líneas de las noticias que se filtran por la prensa o las emisiones que se logran captar por onda corta de Radio Venceremos o de alguna emisora extranjera. Pero, por otro lado, es evidente que la población en general muestra una tremenda desconfianza hacia toda la informaci6n oficial, así como resiente el hostigamiento continuo a que se le somete a través de discursos oficiales, conferencias de prensa o supuestas revelaciones de eventuales presos. En este sentido, la propaganda oficial constituye siempre un arma de doble filo, y la propia Junta ya ha experimentado su efecto negativo al tener que ‘retractar sin retractarse’ afirmaciones como la del control absoluto sobre todo el territorio nacional, la no intervención norteamericana o la veracidad de sus informes militares.

     Independientemente de las evaluaciones de los propios contendientes, es evidente que el factor decisivo respecto a la situación actual del conflicto salvadoreño lo constituye la intervención masiva de los Estados Unidos. Son los Estados Unidos los responsables últimos de que la Junta presidida por el ingeniero Duarte aún permanezca en el poder; son los Estados Unidos los responsables de que el ejército salvadoreño haya logrado contener el avance del movimiento revolucionario, no tanto porque lo haya derrotado cuanto porque ha conseguido crearle gravísimos cuellos de botella en sus suministros de armamento, alimentación y medicinas; son los Estados Unidos los responsables en fin, de que la comunidad internacional no haya roto ya sus últimos vínculos con el actual régimen salvadoreño y que incluso haya moderado el tono de sus condenas o la expresión de su solidaridad con el FDR.

     La prepotente ofensiva norteamericana ha resuelto temporalmente a la Junta el problema de su supervivencia formal. Sin embargo, los problemas generados con ello representan una auténtica bomba de tiempo. Ante todo, a la Junta le va a ser difícil en un futuro próximo recuperar las riendas del proceso, hoy en manos norteamericanas. Por otro lado, en la medida en que se prolongue el conflicto y la administración Reagan no logre los efectos inmediatos buscados en El Salvador, sus propias contradicciones internas y la oposición de crecientes sectores al interior de los mismos Estados Unidos harán más difícil el mantenimiento de una Junta que, sin haber logrado el apoyo popular, se ha enajenado definitivamente a la oligarquía más poderosa del país.

     Con todo, es la «vietnamización» del conflicto la trampa más peligrosa que la administración Reagan parece estarse preparando a si misma con una inconsciencia histórica y política inconcebible en la dirección del país más poderoso del mundo. Hablar de la vietnamización del conflicto salvadoreño no es un simple subterfugio propagandístico para debilitar la política de la administraci6n Reagan. Se trata de un peligro bien real que acecha cada vez más de cerca al gobierno norteamericano: su militarismo a ultranza, a espaldas de los datos del conflicto e incluso engañando a su propio pueblo sobre los hechos; su empeño por plantear el problema en términos de confrontación continental, lo que bajo ningún punto de vista corresponde a la situación objetiva de El Salvador; su creciente participación en todos los órdenes y niveles del conflicto, sobre todo en el envío masivo de armamento y de asesores militares; su insistencia en comprometer en el conflicto tanto a Nicaragua y a Cuba por un lado, como a Honduras y a Guatemala por otro; su persistencia, en fin, en ignorar al Frente Democrático Revolucionario y, en el fondo, el clamor del pueblo salvadoreño; todo ello son hechos objetivos que prueban que la vietnamizaci6n del conflicto salvadoreño es más que una simple imagen periodística o una argucia propagandística.

     Se vietnamice o no la guerra civil en El Salvador, lo que es ya innegable es la destrucción humana y material por ella causada. Solo en el mes de enero hay, cuando menos, 2333 víctimas entre la población civil y, muy probablemente, la cifra real de muertos sea muy superior (ver CUDI, 198Ia). En cuenta no entran los muertos en combate, tanto de un bando como de otro, que fácilmente suman varios centenares adicionales. Por toda la república se encuentran grupos masivos de campesinos, especialmente ancianos, mujeres y niños, que huyen de sus poblaciones arrasadas por las bombas, por la acción asesina de bandas paramilitares o simplemente por la violencia de unos enfrentamientos donde la población civil sufre de hecho las peores consecuencias (ver Socorro Jurídico, 198Ib). El desempleo alcanza cifras pavorosas, mientras la economía nacional se hunde cada vez más profundamente y la delincuencia y criminalidad empiezan a campear.

     Este panorama de desolación no es original; son las secuelas características de una guerra civil. Pero en la medida en que esta guerra civil tiende a prolongarse sobre un país ya de por sí pobre y explotado por décadas de un capitalismo irracional, los daños materiales y sobre todo humanos pueden alcanzar niveles difícilmente superables en varias generaciones. Si todo este sufrimiento no es sino el costo de un parto histórico, en el que surja una nueva sociedad basada en la solidaridad y en la justicia, la guerra civil de El Salvador habrá encontrado su justificación histórica. Pero si todo este sufrimiento resultara inútil y, de manera análoga a como sucedió en 1932, el conflicto condujera al restablecimiento del antiguo orden social o a alguna variante grata a la mentalidad de la administración Reagan, la guerra civil de El Salvador resultaría haber sido el irracional desangramiento de un pueblo digno de mejor suerte. ■

 

Referencias bibliográficas

     «Al borde de la guerra civil». Estudios Centroamericanos, 1979, 371 (735-740).

     CUDI, «Balance estadístico», enero de 1981, No. 1, Centro Universitario de Documentación e Información, San 5a1vador, (a).

     CUDI, «Balance estadístico», febrero de 1981, No. 2, Centro Universitario de Documentación e Información, San Salvador. (b).

     Guidos Véjar, Rafael, «La crisis política en El Salvador, 1976- 1979». Estudios Centroamericanos, 1979, 369-370, (507-526).

     Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos en Centroamérica y Panamá. Estudios Centroamericanos,                   1979. 361, (363-377).

     Samayoa, Salvador y Guillermo Galván. «El cierre patronal de las empresas». Estudios Centroamericanos,1979, 371, (793-800).

     Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador. 20 días de la Ley Marcial en El Salvador. San Salvador, 1 de febrero de 1981. (Mimeo) (a)

     Socorro Jurídico del Arzobispado de San Salvador, Sobre los refugiados salvadoreños. San Salvador. marzo de 1981. (Mimeo) (b)

     Estudios Centroamericanos, Año XXXVI, No. 387-388, enero-febrero, San Salvador, 1981, pp. 17-32.