Un año de revolución cubana
RAÚL ROA KOURl
Como toda genuina revolución, la cubana es un hecho anterior al derribamiento de la dictadura en que se apoyaban las fuerzas detentadoras del mando público desde 1952. Sus raíces hay que buscarlas en las luchas por la independencia de España durante el siglo pasado; en la brega contra la dictadura de Gerardo Machado y la dominación norteamericana a través de la Enmienda Platt, en 1933; y en la descomposición de la vida pública a lo largo de las dos últimas décadas, con el ascenso al poder y predominio de los grupos castrenses y el fortalecimiento de una burguesía cínica, corrompida y retrógrada, ligada íntimamente a los gobernantes de turno y al presupuesto nacional.
No pretendo en tan corto espacio analizar, siquiera someramente, el complejo de factores que transformaron a Cuba de colonia española en factoría norteamericana y en república intervenida. Baste mencionar que el proceso de descapitalización sufrido por los terratenientes cubanos en la Guerra de los Diez Años (1868-1878) contra la metrópoli española, fue aprovechado por los inversionistas norteamericanos para adquirir control de la industria azucarera, que comenzó su ascenso vertiginoso a fines del siglo XIX. El crecimiento de la economía norteamericana durante ese mismo período y su consiguiente expansión; la cercanía de Cuba y Estados Unidos; y la progresiva reducción del comercio con España, a partir de 1848, orientaron la economía cubana hacia el norte, convirtiendo al país en el principal proveedor de azúcar al vecino mercado y, poco a poco, en el mejor comprador latinoamericano de sus productos agrícolas. De hecho, hasta no hace mucho, el 80% del comercio cubano tenía lugar con Estados Unidos, dato revelador de las condiciones coloniales prevalecientes en el país desde su independencia nominal en 1902.
La peculiar estructura de la economía nacional ―acusada tendencia al monocultivo en condiciones internacionales libres, alta concentración geográfica del comercio exterior, inelasticidad de la demanda de productos cubanos en el extranjero, latifundismo agrario, etc.― sentó las bases para el establecimiento de una clase parasitaria, integrada por elementos militares y de la alta burguesía, que gobernaban y vivían en La Habana disfrutando un nivel de país desarrollado mientras la población rural y el proletariado agrícola padecían rigurosos desempleo, subalimentación, analfabetismo, enfermedad, muerte prematura y estancamiento.
No es extraño, pues, que el movimiento revolucionario encabezado por el doctor Fidel Castro e integrado por diversas organizaciones clandestinas, entre ellas el «26 de Julio», el Directorio Revolucionario, Resistencia Cívica y Organización Auténtica, tuviera una amplia acogida entre la clase media y los trabajadores, especialmente los agrícolas. La revolución que se convocaba el 26 de julio de 1953 era la reanudación del proceso truncado en 1902 y en 1933 por la intervención norteamericana y los militares, la vieja tarea de la emancipación nacional y la liberación económica, la revolución agraria, democrática, nacionalista. Por ello, tampoco es de extrañar que el 80% del Ejército Rebelde esté integrado por campesinos.
El septenio transcurrido desde el golpe de Estado de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952, hasta el triunfo de la insurrección armada, en enero de 1959, trajo consigo la disolución de los partidos tradicionales, cuyos miembros de base engrosaron las filas del movimiento insurreccional, y la aparición de organizaciones fantasmas que, ostentando el nombre de aquellos partidos, se prestaron a las diversas mascaradas electorales preparadas por la dictadura para ganar tiempo, desorientar la opinión pública, debilitar la revolución y mantener una fachada «decorosa» ante el mundo.
Los observadores foráneos de la historia política de Cuba manifiestan un asombro comprensible ante el derrumbe de organizaciones tan poderosas como el Partido Revolucionario Cubano (auténtico), que detentaba el poder en 1952, y el Partido del Pueblo Cubano (ortodoxo) que aspiraba a sustituirlo en las elecciones cuya realización impidió Batista. Ello se debió, en unas instancias, a la incapacidad de sus dirigentes; y en otras, al desprestigio. Y a las divisiones ―intestinas― provocadas por el cuartelazo. Pero, sobre todo, a fallas insuperables de estructura y programa.
En efecto, las circunstancias de la vida nacional habían sido subvertidas radicalmente y era menester adoptar un enfoque distinto al que preconizaban algunos políticos viejos, demasiado prestos a aceptar fórmulas electorales y soluciones a medias en una coyuntura que requería el cauterio profundo de la revolución. De ahí que, para los antiguos dirigentes, salvo honrosas y conocidas excepciones, el triunfo del movimiento revolucionario significara su defunción política.
En el año de 1959 comenzó con el gobierno de la revolución ya en el poder. El doctor Manuel Urrutia se instaló en la presidencia de la república, con el prestigio que le confería el respaldo unánime de los grupos insurreccionales y el de su líder máximo, doctor Fidel Castro. No obstante, faltaba todavía un trecho considerable por recorrer para que la revolución estuviese de veras en el poder. Al igual que en muchas otras revoluciones a través de la historia, en Cuba se entabló una lucha por el control. El expresidente Urrutia, el exjefe de la Aviación, Pedro Luis Díaz Lanz, y el excomandante Hubert Matos, son hitos de un proceso que se inició desde enero mismo o, mejor dicho, desde que Castro asumió el cargo de primer ministro y se cursaron las primeras leyes revolucionarias. El Movimiento 26 de Julio estaba integrado por individuos de muy disímil procedencia e ideología. Había, para decirlo con palabras de Fidel, «quienes querían una revolución como siempre y quienes querían una revolución como nunca». Es decir, un grupo se contentaba con la mera sustitución de los personeros de la dictadura y un adecentamiento superficial de la vida pública; y otro, estaba dispuesto a llevar la obra revolucionaria hasta sus últimas consecuencias. Este grupo, cuya identificación ideológica y unidad de acción son indudables, se ha consolidado en el poder, asegurando con ello el continuo desenvolvimiento de la revolución.
El país ha entrado, pues, en una etapa definitiva de su historia. Cuba es hoy, por vez primera, independiente y soberana. Pero aún gravita sobre nuestro pueblo la herencia de siete años de tiranía, desfalco del tesoro público e imprevisión económica bajo la égida de Fulgencio Batista y sus conmilitones nacionales y foráneos. Junto a la enajenación de los derechos civiles y políticos, la deuda pública se infló hasta un total de 1196 millones de pesos; las reservas de dólares disminuyeron en 424 millones; se aumentaron las recaudaciones mediante la alteración y creación ilegal de impuestos por valor de 2500 millones de pesos; y se produjo un déficit de 126 millones en el Tesoro Nacional. El gobierno revolucionario se enfrentaba a la ardua tarea de la reconstrucción con 75 millones de dólares de reserva y una crítica situación financiera. Hoy, debido a las medidas de control de cambio y las leyes revolucionarias dictadas por el régimen, el nivel de las reservas ha aumentado en un 47%, a pesar de la caída de los precios del azúcar durante 1959 y la disminución considerable del turismo, como consecuencia de la campaña de difamación de que ha sido objeto nuestro pueblo en distintos países del hemisferio occidental.
El hecho de que la agricultura haya sido, históricamente, la base de la economía cubana, ha llevado a muchos a pensar, erróneamente, que debemos continuar siendo un país de materias primas. Hasta la revolución de 1959, la historia del agro cubano fue la historia del latifundio, el absentismo, el desaprovechamiento del factor básico, el monocultivo y sus consecuencias sociales: desempleo estacional, subempleo permanente, desnutrición, muerte prematura y salarios de hambre. Antes de iniciarse la reforma agraria, el 1.5% de los propietarios poseía más del 46% del área nacional en fincas, mientras que el 70% disponía de menos del 12% de dicha superficie total. A esta patológica concentración de tierra se le ha llamado latifundismo, y su existencia fue terminantemente prohibida por la Constitución de 1940.
Infortunadamente, el fenómeno latifundiario subsistió durante la república y, en cierto modo, se congeló al amparo de medidas legislativas que vincularon grandes extensiones de tierra a los centrales azucareros. La inmensa mayoría del campesinado sin tierra propia dedicó sus esfuerzos a tipos de economía de escaso rendimiento y excedentes comerciales reducidos, lo que determinó su insuficiente sustento. Ante esta situación de estancamiento que padecía el agro cubano, el gobierno revolucionario dictó la medida legislativa de mayor trascendencia de nuestra vida nacional: la Ley de Reforma Agraria, firmada en La Plata el 17 de mayo, en las estribaciones de la heroica Sierra Maestra. Esta Ley, entre otras disposiciones fundamentales; proscribe definitivamente el latifundio. Sobre el principio humanista de que debe entregarse la tierra a quien la trabaja, la Ley de Reforma Agraria dispone· un ‘mínimo vital’ para cada familia campesina de 26.8 hectáreas de tierra fértil, sin regadío, distante de los centros urbanos y dedicada a cultivos de rendimiento económico medio. Al mismo tiempo, ninguna persona, natural o jurídica, poseerá más de 402 hectáreas. El excedente será expropiado para su distribución entre los campesinos y los obreros agrícolas sin tierra. Dada la estructura económica del país, ha sido imprescindible introducir algunas excepciones a este régimen de derecho común. En efecto, se exceptúan de él las siguientes tierras de propiedad privada: (a) las áreas sembradas de caña cuyos rendimientos no sean menores al promedio nacional, más 50%; (b) las áreas ganaderas que alcancen el mínimo de sustentación de ganado por caballería (equivalente a 13.4 hectáreas) que fije el Instituto Nacional de Reforma Agraria creado por la ley, considerándose las posibilidades de la respectiva área productora según el análisis físico-químico de los suelos, la humedad y el régimen de lluvias; (c) las áreas sembradas de arroz que rindan normalmente no menos del 50% sobre el rendimiento promedio nacional de la variedad de que se trate; (d) las áreas dedicadas a uno o varios cultivos o a la explotación agropecuaria, cuando el rendimiento económico óptimo haga necesaria una extensión de tierra mayor a las 402 hectáreas. Estas medidas cuidan de no interferir en las cuatro grandes producciones del país: cañera, ganadera, arrocera y agropecuaria. Pero impone un rendimiento superior al promedio actualmente logrado. Sin embargo, inclusive en esos cuatro casos, hay un tope que no puede ser sobrepasado: el de 1340 hectáreas.
El texto explícito del Artículo 29 de la Ley de Reforma Agraria reconoce el derecho constitucional de los propietarios afectados por la misma a percibir una indemnización por los bienes expropiados. Dicha indemnización será fijada teniendo en cuenta el valor de venta de las fincas que aparezcan de las declaraciones del amillaramiento municipal de fecha anterior al 10 de octubre de 1958. Las instalaciones y edificaciones afectables, existentes en las fincas, serán objeto de tasación independiente por las autoridades encargadas de la aplicación de la ley. Igualmente, serán tasadas de modo independiente las cepas de los cultivos para indemnizar a sus legítimos propietarios. En los casos en que no fuere posible determinar el valor con arreglo al artículo 29, la tasación se hará por el INRA, según el procedimiento que establece el reglamento de la ley. La indemnización será pagada en bonos redimibles, emitidos por la república por un término de 20 años, con interés anual no mayor del 4.5%. Para el servicio de intereses, amortizaciones y gastos de emisión, se incluirá cada año en el presupuesto de la república la suma que corresponda. Los perceptores
(o sus herederos, según el caso) de bonos de la Reforma Agraria o su importe gozarán de una exención, durante un período de diez años, del impuesto sobre la renta personal, en la proporción que se derive de la inversión que hicieren en industrias nuevas, de las cantidades percibidas por indemnización.
La ley crea, asimismo, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como entidad autónoma y con personalidad jurídica propia para la aplicación y la ejecución de la citada ley. Entre otras, el INRA tiene las facultades siguientes: (a) realizar estudios, proponer investigaciones, acordar y poner en práctica medidas tendientes a realizar los objetivos de la ley; (b) determinar las áreas y límites de las «zonas de desarrollo agrario» en que se dividirán las tierras redistribuidas; (c) redactar los reglamentos de las cooperativas agrícolas que organice y designar su administración; (d) organizar y dirigir la «escuela de capacitación cooperativa»; (e) organizar servicios estadísticos y censos agrarios quinquenales; (f) crear un departamento de crédito para la producción agrícola, etc. Para evitar los peligros del minifundio, el INRA ha establecido cooperativas donde quiera que la productividad pudiese disminuir como consecuencia de la redistribución de las tierras. Actualmente funcionan en Cuba alrededor de 500 cooperativas agrarias y pesqueras, de producción, consumo y venta.
Como era presumible, las oficinas del INRA en cada zona de desarrollo se han convertido en focos de la actividad local. Esto, junto con el movimiento cooperativista, constituye uno de los fenómenos más importantes de la revolución, que transforma las relaciones sociales y económicas del agro a un ritmo cada vez más notable. El Ejército Rebelde participa, con el INRA y el campesinado, en múltiples aspectos de la reforma agraria: construcción de caminos, preparación de terrenos, edificaciones, adiestramiento militar de las brigadas campesinas y salubridad.
Más del 60% del área de Cuba, estimada hoy en 114 524 Km2, es tierra arable y susceptible en muchos casos de producir una doble cosecha anual, según afirmó recientemente el director técnico del INRA, capitán Antonio Núñez Jiménez, en la Conferencia Mundial de la FAO. Prácticamente no queda tierra útil para la agricultura al nivel actual de su técnica fuera de la tierra acotada en fincas rústicas. No hay modo de ampliar las explotaciones del agro acotado, y es poca la tierra que posee el Estado (ya que ha sufrido una merma considerable mediante prácticas políticas viciosas) para hallar tierra fértil ociosa, mal distribuida o mal aprovechada. En cambio, dentro del área acotada en fincas rústicas, Cuba cuenta con cerca de un millón de hectáreas que se destinan a productos para exportar, especialmente azúcar, y que son susceptibles de distribución para los fines de la reforma agraria.
A pesar de los tenebrosos augurios de la prensa internacional y los intereses, domésticos y foráneos, que se oponen a la reforma, la producción ha aumentado en muchos renglones de la agricultura en virtud del plan agrario del gobierno. Durante el período 1954-1956, Cuba compró al extranjero 117 millones de pesos que podía haber producido con sus propios recursos; en los últimos diez años, la balanza de pagos con Estados Unidos nos ha sido desfavorable en 1000 millones de pesos; en 1958 se importaron automóviles por valor de 35 millones de dólares, mientras que el valor de las importaciones de tractores durante el mismo período fue de solo 5 millones. No obstante, las circunstancias absurdas mencionadas antes, y las presiones de toda índole que ha venido sufriendo el gobierno de Cuba por parte de los enemigos de su revolución, alentados y financiados por las satrapías que aún subsisten en el Caribe y sus conocidos protectores e instigadores de siempre, la reforma agraria cuenta con nuevos logros y en breve plazo habrá resuelto los más urgentes problemas de alimentación nacional, reduciendo a un mínimo las importaciones por este concepto.
La Ley de Reforma Agraria, destinada a sacudir la estructura
semi-feudal de la propiedad rural en Cuba y a proporcionar un mercado interno capaz de absorber la producción industrial que se fomenta en el país desde el triunfo de la revolución, ha sido complementada por la nueva ley tributaria, la reforma arancelaria y otras disposiciones tendientes a aumentar la capacidad adquisitiva de las clases populares, como la rebaja de alquileres, el abaratamiento de los artículos de primera necesidad y servicios públicos, y los incentivos proporcionados a la inversión industrial. Como consecuencia de la legislación revolucionaria, el presupuesto de gastos del Estado cubano alcanzará en 1960 la suma sin precedentes de 600 millones de pesos ―esto es, 600 millones de dólares―. Los ingresos públicos han registrado un alza constante desde el primero de enero de 1959 y los niveles impositivos logrados por el gobierno revolucionario demuestran elocuentemente la progresividad del nuevo presupuesto. La reforma tributaria simplifica los impuestos, reduciéndolos a solo 25, y poniendo énfasis en aquellos de carácter directo. Asimismo, la reforma arancelaria grava fundamentalmente las importaciones suntuarias, facilitando la de bienes de producción y artículos de primera necesidad. La proyección de los gastos presupuestales ha sufrido, también, una transformación radical: la inversión del Estado se concentra ahora en empresas de fomento agrícola e industrial, así como en el desarrollo de la infraestructura económica y social. Si a esto agregamos que existe hoy, por vez primera, una absoluta honestidad en el manejo de la cosa pública, y que el contrabando y las filtraciones escandalosas del régimen depuesto han sido eliminados, podrá comprenderse cabalmente la hondura de las transformaciones operadas en Cuba desde el triunfo de la revolución.
Estas transformaciones no afectan solo al régimen interno. Si Cuba vivió de espaldas al mundo desde 1902, anclada por así decirlo a la plataforma submarina del golfo, el gobierno revolucionario ha levado anclas, izado velas y puesto la ssla a navegar por los siete mares, la estrella solitaria clavada en su mástil más alto. En un año de revolución, le ha crecido al cubano conciencia de su puesto en la tierra: «El gobierno revolucionario ―afirmaría su canciller― no admite ni acepta dilemas falsos ni disyuntivas prefabricadas. El papel de Cuba en el mundo es llegar a ser quien es y, en ningún caso, ya lo señaló José Martí, servir de arria de una parte de él contra otra o de otra contra una. En el juego de ajedrez de la política de poder no se nos encontrará nunca sirviendo de dócil peón».
No constituye un secreto para el pueblo cubano la creciente disparidad entre los países más avanzados y los que, de una manera eufemística, se ha dado en llamar «insuficientemente desarrollados». Los planes de financiamiento y asistencia técnica emprendidos por Naciones Unidas y bilateralmente entre muchos Estados, no cubren, con mucho, las apremiantes necesidades de nuestras poblaciones en aumento. Y, por otra parte, no son más que una restitución muy incompleta de lo que por conducto del comercio internacional han obtenido previamente los países exportadores de capital en sus relaciones con los pueblos subdesarrollados. Por estas razones, el gobierno revolucionario ha apoyado, en los organismos internacionales, la inversión de cuantiosas sumas de capital público por parte de los países más ricos, durante un período de tiempo suficiente, para que los países subdesarrollados puedan sustituir sus importaciones de artículos de primera necesidad por bienes de capital, y acelerar su tasa de desarrollo. No fue otra la tesis del doctor Fidel Castro en la Reunión de los 21, celebrada en Buenos Aires el año pasado; ni la de nuestro representante en Naciones Unidas, al discutirse los temas sobre asistencia técnica y desarrollo económico en la decimocuarta Asamblea General.
Por considerar uno el camino de los pueblos económicamente rezagados, y uno su destino ante la actual coyuntura, de delinquiciamiento y remolde, que atraviesa la humanidad, la política exterior del gobierno revolucionario se ha caracterizado por el anudamiento de estrechos vínculos ―culturales, comerciales y de acción― con los demás pueblos hambreados, olvidados y explotados de Asia, África y América. Se ha llamado a la nuestra, diplomacia de puertas abiertas: el pueblo de Cuba quiere mantener relaciones cordiales con todos los pueblos del mundo, y está dispuesto a mantenerlas sobre la base del respeto mutuo y la recíproca, provechosa amistad. No en balde hemos defendido siempre, en la Organización de Estados Americanos y en las Naciones Unidas, el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, vapuleado innúmeras veces en ambas organizaciones por quienes se proclaman sus paladines, ya sea en Guatemala, en Argelia o en Hungría.
Precisamente porque defendemos estos principios, Cuba rompió sus relaciones diplomáticas con la República Dominicana, donde una dictadura sin escrúpulos viola los derechos humanos e incurre en delito de genocidio desde hace treinta años sin que los ríos se desmadren ni se estremezcan las organizaciones internacionales. Este es el único caso en que se han quebrantado las relaciones ―normales y amistosas con los demás países democráticos de América― con una república del continente. Pero fue, y sigue siendo, un acto de solidaridad con el pueblo dominicano en su heroica lucha por la libertad.
«La nueva Cuba ―aseveró el canciller Roa ante la· decimocuarta Asamblea General― tiene aún fe en la misión confiada por los pueblos a la Organización de las Naciones Unidas. Esta misión se resume, en una palabra: paz. Pero para merecer la paz hay que conquistarla. Y, solo cabe conquistarla mediante un ahincado esfuerzo en favor del entendimiento, la cooperación y la solidaridad internacionales, fundados en el respeto a los fueros de la persona, en el acceso del hombre común a los bienes que engendra con su trabajo y en el señorío más firme de la paz sólida y perdurable que todos ansiamos». Nuestra posición en el debate sobre desarme general y completo no pudo ser más clara: «Los pueblos ―puntualizó el representante cubano, doctor Manuel Bisbé― están cansados de que se hable de desarme, con espíritu utópico o con espíritu realista, y no se llegue a ninguna solución. Lo único que interesa a todos los pueblos, y en especial a los de las naciones pequeñas, es que se avance por el camino del desarme, que es avanzar por el camino de la paz estable».
Los países subdesarrollados tenemos, pues, un camino propio que seguir, ni a la derecha ni a la izquierda de nadie, sino al frente de nuestros legítimos intereses y aspiraciones. Las grandes potencias se disputan la hegemonía del globo a espaldas de estos intereses, como evidencia la supresión de los temas económicos de la agenda para la próxima reunión de sus jefes de estado. Por ello, el gobierno revolucionario ha lanzado la idea de celebrar, en La Habana, la primera Conferencia de Países Insuficientemente Desarrollados de Asia, África y América Latina, para discutir los problemas comunes y apuntar a soluciones practicables, haciendo buenos, catorce lustros después de su holocausto en Dos Ríos, los versos de Martí: «Con los pobres de este mundo quiero yo mi suerte echar».
En efecto, el gobierno revolucionario y el pueblo de Cuba han ligado su destino al de los pueblos más necesitados de este mundo, y codo con codo, están empeñados en una lucha irrevocable: la gran batalla de la autodeterminación nacional, el desarrollo económico, la democracia efectiva y la justicia social. O sea, hacer carne de realidad la divisa de nuestro movimiento: «Ni libertad sin pan, ni pan sin Libertad. Ni capitalismo sin justicia social ni comunismo sin libertad individual. Libertad con pan, pan sin terror».
Cuadernos Americanos, Vol. CX, No 3, mayo-junio, Mexico, D.F. 1960 pp. 42-52.
